Las reformas de la Ley de protección ambiental permitirá a los municipios evaluar el impacto ambiental de proyectos urbanísticos. La ley que originalmente  fue aprobada mediante decreto por el Ejecutivo murciano ha recibido enmiendas. Las nuevas reformas de las normas medioambientales fueron aprobadas en pleno regional en medio de críticas de la oposición. Las normas permiten a los municipios de menos de 50.000 habitantes evaluar el impacto ambiental de los proyectos urbanísticos. El convenio establece que la Comunidad continuará con el apoyo técnico a los municipios con menos de 50.000 habitantes sin capacidad técnica para realizar el estudio. El PSOE rechazó esta enmienda y argumenta que Gobierno Regional pretende “desmantelar” la protección medioambiental. La aprobación contó con una fuerte debate entre las voces a favor y en contra. La enmienda avanzó gracias a los votos a favor del PP, Cs y VOX.

Argumentos a favor de la reforma

Juan José Liarte, parlamentario de VOX, considera un avance para la Administración local porque tendrá “un peso más importante en todo el proceso ambiental” de evaluación de los proyectos urbanísticos.  El representante de Ciudadanos, Juan José Molina, que se trata de recuperar de forma eficiente los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria, los cuales son tomados como medidas urgentes para la ley. Molina afirma que el decreto busca hacer más ágil y eficaz los tiempos de los procedimientos de evaluación ambiental y la planificación administrativa para que se “agilicen sin perder las garantías medioambientales”. Por su parte , Juan Antonio Mata, diputado del PP, ha defendido que esta ley mantendrá a la Región como líder en crecimiento económico y la creación de empleo, además fomenta que la administración sea “más ágil”. Mata aclaró que la norma “fija plazos que no existían, lo que refuerza las garantías y la seguridad a quienes deciden emprender una actividad, permitiendo que los expedientes de los que depende una inversión y puestos de trabajo no se dilaten en el tiempo”. 

Voces en contra

Para Alfonso Martínez Baños, el viceportavoz socialista la ley permite  que "las actividades empresariales contaminen más, generen más residuos y utilicen los recursos naturales sin que existan medidas compensatorias" para el medio ambiente, añadiendo que "la actividad empresarial y la generación del empleo no pueden justificar la degradación del hábitat" natural. María Marín, diputada de Podemos señala que el Gobierno regional utiliza a la pandemia como una excusa para atacar la legislación de protección ambiental. Además señala al gobierno de “aprovechar” la crisis de la pandemia para hacer reformas a favor del libre mercado y librarse de cualquier control medioambiental. Marín considera que el modelo regional “está basado en una economía extractiva y en una ideología ecocida. Esta ley es contraria a lo que exige la realidad de la Región de Murcia, la pandemia ha sido el señuelo para cargar a los ayuntamientos con el trabajo sucio urbanístico”.  Desde el Ejecutivo regional, el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha resaltado el “consenso” de la ley, acotó que la norma incremente la eficiencia en los municipios y elimina duplicidades dentro de un marco normativo sólido.