Finalmente, luego de fallidas negociaciones entre el Gobierno, sindicatos y empresarios, fueron validados los ERTE 'móviles' de la tercera ola de la pandemia.
Antes del presente acuerdo, sólo había algunas esperanzas de que el Gobierno y los agentes sociales pudieran cerrar un acuerdo sobre la continuidad de los ERTE. Todas las partes involucradas coincidían en extenderlos hasta mayo, después de Semana Santa y próximos a lograr la cantidad de 'rebaño' de vacunados contra el covid. Esta cobertura de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo para ralentizar los estragos de la pandemia en los trabajadores y empresarios, tendrá más de un año en vigencia, manteniendo la extensión de ayudas hasta el 31 de mayo. Según adelantó el Ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, quedan en ERTE unos 700.000 trabajadores, aunque en el pico de la segunda ola de covid llegaron a ser más de 3,4 millones. Pero, se espera que con las restricciones de la tercera ola aumenten el número de trabajadores afectados.Esta fórmula diseñada para los ERTE del Covid cumplirá más de un año en vigor y con la voluntad de perpetuarse incluso más allá de la pandemia, para abaratar los gastos del paro y facilitar la hibernación de plantillas cuando sean requeridas, sin que estas pasen a engrosar las numerosas listas del desempleo.
La extensión de estas ayudas mantiene casi las mismas condiciones económicas y de exenciones que fueron pactadas en la anterior renovación, pero con algunas mejoras para afrontar la tercera ola de la pandemia.
Los 'ERTE 3.0' están listos para ser más móviles y permitir la transición de los trabajadores a las distintas fórmulas contempladas en los mismos sin necesidad de tramitar nuevos expedientes ni de saturar más aún el ya colapsado SEPE.
Primeramente, las empresas solo necesitarán informar a la Tesorería General de la Seguridad Social de los cambios de situación de la empresa, la fecha de efectos, así como los centros y personas trabajadoras afectadas para la aplicación de los porcentajes de exención correspondientes en función de la naturaleza impeditiva o limitativa de la situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa en cada momento.
De cumplirse las palabras de Díaz, aquellos empleados afectados por los ERTE pueden tener la certeza de que no les podrán despedir a partir del 31 de enero.
El ERTE y otras ayudas
Según anunció la CCOO anunció el jueves pasado, que afortunadamente los empleados en ERTE de rebote, sí podrán recibir la prestación por desempleo a la que tienen derecho, aunque su contrato de trabajo se realizara con posterioridad al 18 de marzo. Esto luego que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) modificara el criterio restrictivo que se lo impedía. Ante ello, el propio sindicato denunció que el SEPE no estaba llevando a cabo de manera correcta la última prórroga los ERTES, con nuevas acepciones en el Real Decreto-ley 30/2020. En relación al Ingreso Mínimo Vital, otra de las ayudas económicas que el Gobierno puso en marcha durante la pandemia, esta prestación se podrá cobrar tras realizar una declaración responsable en la que bastará confirmar que no se tienen ingresos. Esta ayuda, se hace con el fin de garantizar que todos los ciudadanos tienen derecho a una renta mínima para poder seguir adelante con sus gastos básicos, como realizar la compra o pagar recibos de luz y agua.Posición sindical
Los empresarios seguirán demandando que se analicen las distintas circunstancias de las empresas respecto a la prohibición de despedir y por otro lado, las patronales piden que se limite la devolución de las ayudas a los trabajadores despedidos y no a toda la plantilla.Con la extensión de la pandemia, la cláusula de salvaguarda del empleo está resultando aún más compleja de cumplir para las medianas y pequeñas empresas, cerradas por las restricciones y con menos recursos financieros para seguir operativas.
Las centrales sindicales mayoritarias han esperado que tras las urgencias de la pandemia, el Ejecutivo recuperara su agenda en cuestiones de la reforma laboral.
Pero su retraso, y los mensajes de parte del Ejecutivo que parecen demorar algunos de sus compromisos, han llevado a CCOO y UGT a preparar protestas para febrero con el objetivo de presionar al Gobierno de Coalición a que "cumpla con los compromisos de la agenda de reformas sociolaborales".
Foto archivo de huelga del CCOO Murcia
Entre sus reclamaciones más inmediatas, CCOO y UGT instan al Gobierno a que suba el salario mínimo interprofesional (SMI). Además, sostienen que los empresarios no van a negociar ninguna subida de los salarios más bajos después de que parte del Gobierno defendiera la congelación del SMI.
Los sindicatos también expresan su rechazo frontal a que la reforma de pensiones que prepara el Ministro José Luis Escrivá, se incluya la ampliación del periodo cotizado para calcular la pensión hasta los 35 años.
La Seguridad Social no ha trasladado esta propuesta a los agentes sociales en la mesa de diálogo sobre la reforma de las pensiones, pero está en la mesa del Ejecutivo como una de las posibles reformas que presentar en la UE en las próximas semanas.
Por último, CCOO y UGT llaman al Gobierno a derogar "las reformas laborales", en referencia a las de 2010 y 2012, ya que se han comprometido a derogar la reforma del PP en varias fases, pero por el momento no ha cumplido su promesa de iniciar el desmonatje en 2020.
Por último, exigen las centrales sindicales que se deben discutir en los próximos meses pra evitar una mayor destrucción del empleo, la ultraactividad, la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, regulación de las subcontratas y la reforma del despido colectivo.
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