La juez del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, rechaza imputar en esta causa al presidente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. Petición que realizó la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, que integran afectados por Covid-19 y cuya personación como acusación popular es la única admitida por el momento.
El Juzgado Central de Instrucción número 51 recuerda a esta parte (cuya permanencia en la causa condiciona a la presentación de poder especial y prestación de 1.000 euros en concepto de fianza) que "los únicos hechos investigados en este procedimiento" hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en relación con las concentraciones y manifestaciones que le comunicaron con anterioridad al 14 de marzo de 2020.
Por lo que la juez del 8-M agrega, que esta causa no se dirige contra Simón, y que además su juzgado tiene evidencia de que al menos otros dos órganos judiciales en la capital tienen asuntos ya registrados en trámite contra el funcionario, por los mismos delitos que la referida Asociación pretende acusar, por lo que les exhortó  a dirigirse a los respectivos juzgados.

Causas pendientes

Las causas pendientes contra Simón, a las que hacía referencia la juez, según fuentes relacionadas a estos, recayeron en los juzgados de instrucción Números 11 y 53 de Madrid. Las mismas están pendientes de admisión, en el trámite del informe previo por parte de la Fiscalía. Igualmente, en el Juzgado de Instrucción número 9, una víctima de Covid-19 antes de morir, la presentó por los presuntos delitos contra la salud pública, por lesiones y homicidio por imprudencia profesional, aunque esta última podría haber decaído.

Mientras que en el Juzgado de Instrucción número 11, la abogada Verónica Suárez en representación del hijo y del nieto de una mujer fallecida por Covid-19 también presentó contra Simón por homicidio imprudente.

Esta segunda familia pidió la cautelar de retirada de pasaporte y prohibición de salir de España para el epidemiólogo. Las mismas fuentes descartan querellas en otros juzgados diferentes aún pendientes de tramitar, como la instada por la propia Asociación de Consumidores y Usuarios.