Familiares de los usuarios de Caser Residencial denuncian que "los ancianos no solo no tuvieron un trato digno, sino que fueron víctimas de un abandono inexcusable con resultado de muerte, tanto por la directiva de la residencia como por la Administración sanitaria".
Los familiares han trasladado a la Comisión de peticiones y Defensa del Ciudadano de la asamblea Regional una serie de consideraciones para que "se proponga al Pleno una comisión especial de investigación sobre los hechos ocurridos" durante los meses de marzo y abril en la residencia de mayores de la pedanía murciana de Salto Ángel.
Este geriátrico registró 34 muertes por COVID-19 entre los meses de marzo y abril.
El escrito respaldado por los familiares solicita una comisión de investigación
Encarna Vera Hernández del PSOE ha firmado el escrito con el respaldo de las familias de los 34 residentes fallecidos por Covid-19 en este centro.
Los familiares esperan que la comisión de investigación aclaren hechos cómo:
- ¿Qué comieron de los residentes durante los días que la cocina estuvo cerrada?
- ¿Cómo fueron atendidos en sus necesidades e higiene sin personal y sin lavandería?
- ¿Qué seguimiento se hizo de su estado de salud o si les fueron suministrados sus medicamentos habituales?
- Los familiares afirman que "se ha vulnerado el derecho que tenían los residentes a recibir una asistencia sanitaria en condiciones de dignidad e igualdad".
- Denuncian la existencia de un protocolo de comunicación con el propósito de ocultar el estado real de los ancianos.
Las familias pudieron detectar el lamentable estado de sus seres queridos, quienes se encontraban desde deshidratados hasta agonizantes, a través de una vídeo llamada.
En esta segunda ola, Salud estudia cinco nuevos fallecimientos por Covid-19 en este geriátrico de la pedanía murciana de Santo Ángel. Cuatro de estos en el asilo de las Hermanitas de los Pobres. El mayor número de victimas hasta el momento.
Por otra parte, la Consejería de Política Social cerró ayer los centros de día para mayores de Archena. Mientras, en el de personas con discapacidad se limita la actividad a la atención presencial individualizada en el domicilio de los usuarios o su entorno y de forma telemática
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