Cuatro Comunidades Autónomas acaban con los aforamientos políticos, mientras que siguen en espera que se haga a nivel nacional, tal como lo había prometido el presidente Sánchez desde su investidura. Cantabria, Canarias, Baleares y Murcia han suprimido de sus Estatutos de Autonomía los aforamientos para sus diputados autonómicos y miembros del gobierno regional. Por lo que a partir de ahora, al eliminar los aforamientos se le demuestra a los ciudadanos que los políticos no tendrán privilegios y podrán ser juzgados por tribunales de justicia ordinarios. Estas modificaciones han llegado antes que la reforma de la Constitución que prometió en 2018 el presidente del Gobierno para eliminar los fueros a nivel nacional. Con el aforamiento, para investigar a un parlamentario debe cursarse un suplicatorio, es decir, la instancia que un juez o tribunal eleva pidiendo permiso para proceder contra algún miembro del Congreso o del Senado.

El trámite en la Región

Este miércoles se aprobó la suspensión de estos privilegios jurídicos con 227 votos a favor, ninguno en contra y 30 abstenciones en la Cámara territorial. Este cambio en el Estatuto murciano se hará efectivo una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la modificación de los artículos 25 y 33 de su norma autonómica. Así, los diputados regionales y el Consejo de Gobierno seguirán protegidos en el ámbito de su libertad de expresión parlamentaria y política, pero no estarán excluidos de la jurisdicción ordinaria por aquellos asuntos que sean ajenos a su normal desempeño parlamentario. Murcia se ha convertido en la segunda autonomía en suspender este privilegio, a pesar de haber sido la primera en dar el paso, ya que Canarias consiguió primero la aprobación en las Cortes. Por otro lado, la última autonomía en sumarse ha sido Cantabria después de que el Pleno del Congreso aprobara este jueves, con 319 votos a favor, ninguno en contra y 17 abstenciones, la reforma del Estatuto de Cantabria para suprimir los aforamientos.

Aforados en España y algunos casos

La coyuntura sobre los políticos aforados tomó fuerza con los casos de Rita Barberá y del mismísimo presidente Pedro Sánchez, cuando era Presidente de Murcia. En el primer caso, Barberá siendo senadora del PP, se vio obligada a darse de baja del partido tras conocerse que sería investigada por el Tribunal Supremo.Pero mantuvo su escaño en el Senado para poder seguir aforada, hasta su muerte en 2016. En el segundo caso, Sánchez se vio obligado a dimitir como presidente de Murcia tras ser citado como imputado por el Tribunal Superior de la comunidad. En el país, el número de aforados contrasta en gran medida con otros países de nuestro entorno europeo. De forma inusual, esta figura no existe en Alemania, ni EEUU. En Francia sólo una veintena de altos cargos están sujetos a la misma. En Portugal e Italia sólo goza de este privilegio el presidente de la República. Países con aforados por números. Gráfico de murcieconomia.com La figura del aforado no sólo recae en quienes ejercen cargos políticos en España, también se extiende a miembros de las fuerzas de Seguridad en todos los niveles. Hasta el año pasado, gozan del aforamiento: más de 200.000 agentes de Cuerpos de Seguridad estatal, autonómico y local; unos 5.500 jueces y 2.407 fiscales; en cargos autonómicos hay 1.500 aproximadamente; entre parlamentarios hay 616 cuyas causas sólo pueden seguir en el Tribunal Supremo; y, los aforados con cargos judiciales, ministros y "otros" sobrepasan los 50 con este privilegio. Expertos en jurisprudencia, afirman que si por un lado es bueno que se supriman y reformen los aforamientos políticos, también es idóneo hacer una reforma global del procesamiento penal para que no se conviertan en una reforma fallida. Para muchos la reforma planteada por el gobierno se quedaría corta cuando sólo afectaría únicamente a los miembros del gobierno de la nación, a los diputados y senadores (un total de 633 afectados). Además que se limitarían parcialmente las causas y el periodo de los aforamientos, por lo que se circunscribirían exclusivamente a la etapa de su mandato, y sólo afectaría a aquellos delitos cometidos en dicho periodo y en el ejercicio de sus funciones. Pero que dejaría fuera la mayoría de las infracciones relacionadas con la corrupción, dado que este tipo de delitos se cometen en el ejercicio de un cargo público. Notas relacionadas: El real decreto de los fondos europeos es una oportunidad para el país y la Región, según PSOE La Asamblea Regional aplaza las jornadas europeas de sismología por el coronavirus