La llegada de inmigrantes africanos contaminados con coronavirus a las costas de la región de Murcia y su posterior manejo por parte de las autoridades, ha desatado una guerra de declaraciones entre funcionarios del gobierno local y sus detractores, que ponen en entredicho la capacidad de la administración pública para manejar los procesos migrantes durante la Crisis del COVID-19 que se vive actualmente.

El detonante de este enfrentamiento viene dado por la fuga, durante el pasado día miércoles, de nueve viajantes irregulares, los cuales formaban parte de un grupo de 70 ciudadanos extranjeros que estaban puestos en cuarentena luego de su llegada al litoral murciano en cinco embarcaciones provenientes del continente africano.

Ante este caso, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, exigía la dimisión del delegado del Gobierno en la región, José Vélez, asegurando que el ultimo no está en la capacidad como funcionario, para gestionar la llegada de inmigrantes sospechosos de portar el coronavirus, con lo cual se ponía en riesgo la salud de los murcianos en general”.

Por su parte para el delegado del Gobierno, sus acusadores utilizan la crisis migratoria para “generar alarma social” e intentar sacar ganancia política a la situación, y pidiendo así mismo más “respeto por el trabajo que Policía Nacional está llevando a cabo en el puerto” ante la llegada de las pateras con inmigrantes, así como del posterior resguardo y tratamiento humanitario de los mismos.

Por otra parte, el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, tachó de ilógico e irresponsable” que el Gobierno mantenga cerrados los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) así como de lo flexible que es la vigilancia y resguardo de los migrantes irregulares recluidos de manera preventiva ante una posible afectación por coronavirus.