El ayuntamiento de Murcia se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía y la Policía Nacional por contrataciones públicas, a fin de determinar si los procedimientos que lleva a cabo son legales y correctos.

En el marco de esta investigación, el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, adscrito a la UDEF, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, ha iniciado una exhaustiva investigación y para ello le ha solicitado al Ayuntamiento de Murcia la documentación de todas las contrataciones públicas.

Explicaron los ediles del ayuntamiento, que el mencionado órgano de justicia les han solicitado los contratos suscritos por las concejalías de Cultura, Contratación, Descentralización y Turismo, así como unos documentos que han sido ya remitidos por estos departamentos municipales para su análisis, por parte del cuerpo policial especializado.

La Policía está buscando indicios que permitan reconocer si se ha vulnerado la Ley de Contratos del Sector Público en los distintos suministros y servicios que se contratan desde esos departamentos municipales. Por ello exigió la entrega de documentos acreditativos de esas operaciones desde 2015 hasta la actualidad.

Entre las contrataciones que la Fiscalía y la Policía Nacional están investigando se encuentran la provisión de azafatas y controladores de salas de exposiciones así como los gastos de transporte, manutención y alojamiento del IBAFF

El concejal de Cultura, Jesús Pacheco, indicó que «hemos remitido toda la documentación que nos ha sido solicitada, tal y como hacemos siempre cuando los tribunales nos piden papeles». También el concejal de Descentralización, Marco Antonio Fernández, señaló que el departamento que preside ha cumplido con todos los requerimientos.

La Ley de Contratos del Estado establece que en el caso de servicios y suministros, las corporaciones locales pueden hacer contratos menores por un valor de hasta 15.000 euros más IVA  y de hasta 40.000 euros más IVA como máximo si tiene que ver con inversiones.

La Ley permite que  el concejal o cargo público pueda tener una bolsa de hasta 9.000 euros para gastar en lo que determine el municipio; en cualquier caso antes de comprar se debe tener a mano tres presupuestos.

Lo que esta muy claro en la norma es que no se debe hacer un fraccionamiento de contratos y de proyectos para hacerlos pasar por contratos menores. Esto obliga a los ayuntamientos a presentar una serie de condiciones para un contrato mayor y ofertarlo públicamente.