Según el décimo barómetro realizado de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), un millón de autónomos aseguran que acumulan pérdidas superiores a los 30.000 euros, el 57,8% prevén que su actividad volverá a caer este año y 300.000 autónomos, directamente, dan por hecho que tendrán que cerrar su negocio pese a las campañas de vacunación. El estudio fue realizado entre el 12 y el 20 de febrero, en plena desescalada de contagios de la tercera ola de la pandemia de Covid 19. Entre los que prevén que cerrarán está el sector de la hostelería, el ocio y el comercio. “Llevamos once meses realmente complicados, viviendo una pandemia nunca vista hasta el momento. 2020 ha sido un año horrible para miles de autónomos que han tenido que reducir sus plantillas, tener pérdidas de las cuales no saben si se va a recuperar y en ocasiones tener que echar el cierre en la ruina más absoluta", así lo expresó Lorenzo Amor, presidente de ATA, durante la presentación del X Barómetro de ATA.

Las pérdidas en cifras

El 68,6% de los autónomos sufren restricciones, que serían unos 565.000 autónomos que tienen sus negocios o actividades cerradas en estos momentos.

Aunque por otro lado, el 23,7% de los autónomos encuestados desde ATA asegura que está abierto y funcionando con total normalidad y un 1,3% reconoce estar funcionando incluso mejor que antes de la pandemia.

El 61,8% de los autónomos sufre una caída de facturación de más del 60% y un 14% de éstos no ha ingresando nada.

Uno de cada tres autónomos ha solicitado algún tipo de financiación para resistir la dura situación, ya sea a través del ICO o privada.

Se estaría hablando de un millón de autónomos, de los que al 11,9% éste le ha sido concedido sin problemas y al 7,8% se la han concedido, pero por un importe inferior al inicialmente solicitado. 2020 ha sido un año terrible para miles de autónomos que han tenido que reducir sus plantillas, y peor aún, cerrar sus negocios. Los más afectados han sido la hostelería, pubs, gimnasios, bares y peluquerías. Que además de necesitar ayudas directas como un plan de emergencia para enfrentar la  pandemia, son criminalizados con la imposición de las restricciones sanitarias. Además de convertirse en destructores de miles empleos como consecuencia.

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