La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans que impulsa la Ministra de Igualdad, Irene Montero, ya es un borrador que todavía debe ser debatido por el Consejo de Ministros antes de presentarse a debate en el Congreso, que puede ser un trámite que se alargue durante varios meses.

En Europa, son seis los países que tienen leyes que contemplan el derecho a la autodeterminación de género de las personas trans sin necesidad de someterse a tratamiento médico o quirúrgico: Dinamarca, Malta, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda y Portugal.

En España están las leyes autonómicas de LGTBI, donde más de diez CCAA contemplan de forma expresa o no el término "autodeterminación de género" y eximen la presentación de informes médicos o psicológicos para el cambio de identidad.

En la Región de Murcia, desde el 2016 ya se recoge en su legislación la autodeterminación de género que está proponiendo la Ley Trans estatal.

Con la "autodeterminación de género" la persona trans tiene el derecho a que se reconozca legalmente su identidad de género, sin necesidad de someterse a procedimientos quirúrgicos ni exámenes médicos.

De modo que estas leyes autonómicas de LGTBI o trans ya reconocen este término que vertebraría la ley trans estatal que quiere aprobar el Gobierno, pero que incluso dentro del mismo está generando disputas.

Desacuerdos dentro del Gobierno

Esta nueva normativa ha generado mucha polémica entre los defensores de la ley y algunos colectivos feministas que consideran que perjudica a las mujeres.

Incluso partidos dentro de la propia coalición, como el PSOE, se cuestiona las consecuencias que puede tener sobre los derechos de las mujeres.

Mientra que Podemos, impulsor de la ley, asegura que corrige una “deuda histórica” con el colectivo trans, con el borrador de la norma se ha abierto una disputa en el feminismo y entre los socios de Gobierno, ya que se permite a las personas que no se sienten hombre ni mujer no poner el sexo en el DNI.

En un principio la coalición dio riendas a la Ley Trans, ahora en defensa del feminismo se planta el borrador en La Moncloa Ya hace una semana se reunieron la ministra de Igualdad y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para abordar el desarrollo de esta propuesta y de la ley LGTBI. Lo que  pudo saberse desde el entorno de Calvo, es que no dio fecha de cuándo echará a andar la tramitación. Aún cuando este borrador fue distribuido entre las organizaciones que han participado en su elaboración. El camino hacia la aprobación de esta ley estatal tiene un largo camino que recorrer, que incluye los informes de otros ministerios y organismos, hasta su llegada al Congreso. La principal discrepancia hasta ahora es la libre autodeterminación de género, que supondría que cualquier persona puede cambiar su nombre y sexo en el registro civil solo con una declaración expresa, a partir de los 16 años. Este punto ha desatado alarma entre en algunos movimientos feministas e incluso toda una diatriba en el ámbito de las competiciones deportivas a nivel mundial.

División en el feminismo

Con estos acontecimientos, la visión feminista de la ministra Montero choca de lleno con la de la vicepresidenta primera, que es más reacia a la teoría 'queer'. Las feministas radicales afirman que su fin es "que la mujer se libere del sistema patriarcal, de opresión, que se debe a su sexo, por lo que las mujeres trans no hacen daño al feminismo, las leyes mal elaboradas, sí". Una parte destacable del feminismo ha alzado su voz contra la nueva norma, que consideran atenta contra los derechos de las mujeres a cuenta de la autodeterminación de género que recoge la ley.

Precisamente, dos murcianas de Radfem, parte de la Confluencia Movimiento Feminista de España, advierten que la entrada en vigor de la nueva norma pondrá en peligro los "espacios seguros" y tendrá "consecuencias irreversibles" para los niños.

Pues precisan que con la nueva norma, bastará solo con la palabra para que una persona se cambie de sexo en el Registro Civil. Lo que lo hace un privilegio y no un derecho, cuando otros colectivos como los parados o los discapacitados, tienen que acreditar su situación para acceder ayudas, explicó Yolanda Ayala perteneciente a este grupo de feministas radicales. Destacan también que hasta la "Ley de Violencia de Género dejaría de tener sentido con la libre determinación. Si no puedes definir al sujeto víctima de la violencia al que tengo que proteger, la ley no funciona". Y lo mismo pasaría, añaden, con la Ley de Paridad, "¿Es paritario un gobierno con la mitad de hombres y la mitad de mujeres trans? Las mujeres trans, en todo caso, han de tener su propia cuota de representación, pero no ocupar las nuestras". Y un punto más delicado aún es, cómo afecta a los menores trans. Que podrían llegar a recibir tratamientos hormonales y operaciones quirúrgicas sin permiso de los padres si se oponen a la transición de su hijo. De este modo, alertan de que comenzar la transición con un niño o una niña podría tener "consecuencias irreversibles" cuando, con el tiempo, "sólo pudo haberse tratado de una crisis de identidad".

Incongruencias en el ámbito deportivo

Hace un año el Partido Feminista ya venía alertando en un comunicado de los puntos más polémicos de la Ley Trans y hacía hincapié en lo referente al ámbito deportivo.

El texto normativo incluye medidas en el ámbito sanitario, educativo y laboral, pero también en lo deportivo, que choca directamente con los reglamentos internacionales vigentes. El rotundo rechazo se mostró en los artículos del capítulo V, el que establece que “quedan prohibidos los controles de identidad sexual y/o de género en el ámbito deportivo”. Lo que según las feministas, supone una gran desventaja para las mujeres que no disponen de las mismas condiciones físicas que una atleta que se identifique como mujer, pero su “sexo biológico” sea el masculino. https://twitter.com/lamalpagada2/status/1231538355189489667?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1231538355189489667%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.larazon.es%2Fdeportes%2F20210205%2Fjvttuewypbcylpugfx6gycilm4.html

La intensidad de este debate ha provocado todo un movimiento de protesta a nivel mundial que llevó hace un año casi, a la publicación del manifiesto de Save Women’s Sports, firmado por destacados deportistas de élite y fue enviado al Comité Olímpico Internacional.

En dicha misiva se exige que se limite la competición a las mujeres biológicas y se advierte además de que aplicación de los dogmas “trans-inclusivos” ha causado que “deportistas varones que entre otros varones serían mediocres, ahora arrebaten fácilmente medallas a mujeres atletas”.

Ante la “ventaja injusta” de la trnasexualidad o intersexualidad, la COI reglementa una determinda cantidad d nanogramos por litro de testosterona en sangre para que una deportista pueda competir.

Lo que en definitiva, la Ley trans española chocaría de plano con las normas internacionales del deporte y con los intereses del deporte femenino que ve en ella un lastre para las aspiraciones de sus atletas en las competiciones internacionales.

Foto por Graham Denholm/AFL Media/Getty Images)

Lo que trae consigo la Ley Trans

De forma muy resumida, la nueva norma prevé el reconocimiento de las identidades no binarias —aquellas personas que no se sienten ni hombres ni mujeres—, la posibilidad de eliminar la mención al sexo en los documentos oficiales de estas, que mayores de 16 años tengan potestad de tomar las decisiones sobre tratamientos hormonales, y también, abre el acceso a tratamientos reproductivos a las personas trans con capacidad de gestar.

Asimismo, se defiende la despatologización, al "dejar de tratar como enfermos" a este colectivo. Con la eliminación del informe de disforia de género como requisito para cambiar de sexo en el Registro. También, se incluye la asistencia médica para los procesos de cambio de sexo, desde el tratamiento hormonal, hasta las cirugía. Y como incentivo, se bonificará a las empresas que contraten a personas transexuales, quienes a menudo se enfrentan a prejuicios que dificultan su entrada en el mundo laboral. La polarización de la legalización estatal de las personas trans evidencia la diversidad de pensamiento y defensa por los intereses propios y colectivos de los españoles. Para algunos grupos es una amenaza y una ley absurda que conllevará al cambio de otras leyes por la cuestión de la autodeterminación de género; para los movimientos pro-trans, representa la inclusión social que tanto anhelan para frenar la discriminación por parte de sectores políticos, religiosos y colectivos que enjuician y atentan contra su identidad de género y de preferencia sexual.