Con el propósito de hacer cumplir la Ley General de Discapacidad en las administraciones públicas para el respecto a la reserva de un 2% de sus plazas para empleos de personas con alguna imposibilidad intelectual, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha tomado la decisión de adherirse a la campaña en favor de la inclusión laboral de este tipo de individuos, para apoyar al movimiento asociativo que promueve esta iniciativa entre ayuntamientos y diputaciones de todo el país. 

 

Plena Inclusión, es una confederación que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, junto a otras 940 asociaciones agrupadas en toda España.

 

Este tipo de organización trabaja desde hace años para extender el compromiso de estas instituciones públicas locales con la inclusión laboral de miles de personas con discapacidad intelectual (síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral, entre otras). 

 

En la Región de Murcia, la confederación ha mantenido hasta el momento reuniones con los ayuntamientos de Alcantarilla, Campos del Río, Santomera, Bullas, Beniel y Torres de Cotillas, para lograr sus objetivos, por otra parte, han mantenido conversaciones de manera telemática por motivo de pandemia, con los sindicatos UGT, SIME y organismos como el IMAS. 

 

Según representantes de Plena Inclusión, se ha hecho llegar un protocolo que busca impulsar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en los procesos selectivos de empleo público.

 

Este tipo de campañas de sensibilización, buscan que los diversos ayuntamientos del país firmen convenios con asociaciones de Plena Inclusión para garantizar la reserva de esa subcuota de reserva de empleo público para miles de personas con discapacidad.

 

El 2% en el campo laboral

 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, también conocido como CERMI, es la plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad. Y lograron en el 2011, incorporar el 2% en el campo laboral esta discriminación positiva para garantizar una mayor equidad en el acceso de las personas con discapacidad intelectual al empleo público.

 

La patronal de los centros especiales de empleo para personas con discapacidad, afirman que más del 60% de las personas que tienen discapacidad intelectual y que están en condiciones de trabajar se encuentra en situación de desempleo, en la actualidad existen 50.000 personas con discapacidad intelectual en paro.

Publicaciones recientes de AEDIS, que es Si se pasa a cifras más concretas, podría decirse que 50

 

Si conseguimos como país aumentar las opciones laborables para miles de personas con discapacidad intelectual, estaremos favoreciendo su camino a una vida independiente, algo que conecta con lo recogido por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, se explica desde Plena inclusión España.