Consejería de Presidencia murciana acudirán a los servicios jurídicos para evaluar si el real decreto ley de ahorro energético invade competencias autonómicas.

 

Desde la Consejería de Presidencia murciana acudirán a los servicios jurídicos para evaluar si el real decreto ley de ahorro energético invade competencias autonómicas.

 

El Gobierno de la Región de Murcia busca formas para no aplicar el plan de ahorro energético aprobado por el Consejo de Ministros. 

 

Marcos Ortuño, consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes de la Comunidad murciana lo ha informado expresando que: “Vamos a ver qué es lo que se publica definitivamente y qué es lo que dicen los servicios jurídicos al respecto” tras una reunión con sindicatos.

 

Se estudia si el real decreto ley  invaden competencias autonómicas. Descartan, eso sí, incumplir la ley. Unas declaraciones que se mueven en sintonía -aunque no con la misma contundencia- con las de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que rechaza las medidas de ahorro energético para Comunidad, y amenaza con llevarlas al Tribunal Constitucional.

 

Por su parte, el consejero murciano ha señalado que la propuesta nacional para reducir el consumo energético se compone de “medidas cosméticas, improvisadas y que no tienen ningún tipo de respaldo técnico”. Ortuño ha criticado que no hayan sido consensuada: “Vemos como el Gobierno de Sánchez exige a los ciudadanos de la Región, pero no se autoexige nada”. El consejero ha asegurado que están trabajando desde Hacienda en un plan de ahorro energético “con medidas concretas y eficaces que tienen como objetivo reducir la factura de la luz entre un 40 y un 60 por ciento en los edificios públicos pertenecientes a la administración autonómica”.

 

Medidas del plan de ahorro 

 

Entre las medidas que incluye el plan de ahorro energético anunciado este lunes por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se incluye limitar las temperaturas de calefacción y refrigeración, disponer de cierres automáticos en puertas de acceso en locales para impedir que queden abiertas y apagar el alumbrado de escaparates y edificios públicos a las 22 horas.