‘Pusieron a 503 familias en la calle, sólo en los meses de enero y febrero’ así lo denuncia públicamente la coordinadora regional de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAHs). De los 503 desahucios producidos 230 fueron por impago de hipoteca, 233 por falta de pago del alquiler y 31 por otras causas. Los procedimientos judiciales se suspendieron desde desde los primeros de marzo, sin embargo, de acuerdo a los datos publicados este viernes por el CGPJ los juzgados de Murcia aprobaron 503 desahucios previo a esta suspensión. La coordinadora de PAHs hace énfasis en  que “ la Región  se caracteriza además por contar con los salarios más bajos de toda España y un importante incremento de los precios de alquiler, la opción de Gobierno Regional consiste en liberarse de más de 650 viviendas del exiguo parque público de viviendas, sólo 2.870, suprimir el registro de demandantes de viviendas y derogar, sin proponer ninguna medida alternativa, las prerrogativas que la ley le otorga para poder intervenir precios de alquiler o movilizar vivienda vacía a dicho mercado. Y lo más grave, renunciando a la compra subvencionada hasta de un 60% por el Gobierno central de viviendas para parque público”.

Finalizó la suspensión de los desahucios

Los procedimientos judiciales de reactivaron el pasado 4 de junio. Finalizó la suspensión de desahucios de alquiler incluida en reales decretos-ley aprobados por el Gobierno central,  sumado a la ‘nueva normalidad’ de crisis sanitaria, social y económica se espera que  “los próximos meses pueden ser dramáticos para muchas familias murcianas, mientras Franco, Díez de Revenga y López Mitas siguen con sus recetas caducas y fracasadas”. Desde la PAHs informan que “la responsabilidad de satisfacer el derecho a la vivienda de las familias murcianas es exclusiva del Gobierno regional, que detenta todas las competencias en esta materia, por lo que, cuando en breve, la aplicación de sus políticas deje en la calle a cientos o miles de familias, no podrán culpar a nadie ajeno a la región del sufrimiento y los dramas humanos que sus políticas van a causar”. La plataforma exige a Díez de Revenga y López Miras que renuncien a los contenidos “de su fraudulento decreto 3/2020 y empiecen a poner en marcha de una vez los de la ley 10/2016, que servirían sin duda, para evitar muchas de esas tragedias. Igualmente le exigimos a la vicepresidenta Franco que, en cumplimiento de sus obligaciones en materia de política social, trate a la vivienda como el bien social que es y proponga la adquisición subvencionada por el Gobierno central de viviendas para Parque Público”.
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